El mejor censo de la historia

Andrés Sanfuentes

Esa fue la promesa del gobierno del presidente Piñera, pero no lo fue, y el mandatario tuvo que pedir perdón; un golpe a la soberbia. Como de costumbre, se intentó culpar a la ex presidenta Bachelet, en circunstancias que el cambio en la metodología censal ocurrió en 2011.

El hecho es grave pues ocurrió después de varios cuestionamientos al sistema estadístico nacional, tal como los resultados de la encuesta Casen, la medición del IPC y los empalmes en las cifras de empleo, que han terminado por generar desconfianza en los indicadores nacionales, en circunstancias que Chile siempre ha sido respetado por la calidad y seriedad de sus cifras oficiales. La desconfianza internacional que se ha generado en este activo del país ha provocado incluso una prevención de la Cepal, preocupada por la natural necesidad de poder realizar comparaciones internacionales confiables.

El informe de la comisión designada por el gobierno para evaluar los resultados resultó lapidario, en el sentido que la experiencia de pasar desde un censo de hecho a uno de derecho resultó un fracaso, hasta el extremo de recomendar no utilizarlo para el diseño de las políticas públicas y suplir la carencia realizando un nuevo censo “abreviado” en 2015. A la complejidad natural de la realización de un censo, especialmente cuando se cambia la metodología, se sumaron diferentes problemas: atrasos en el comienzo del proceso, conflictos internos, recursos humanos y presupuestarios insuficientes, falta de capacitación, supervisión escasa, sistema de remuneración a los encuestadores que no estimulaba la calidad del trabajo y la desigual calidad de los contratados, son algunos de los inconvenientes detectados.

Como consecuencia, el censo resultó con serios problemas de cobertura, resumidos en que presenta al menos un 9,3% de omisión, con alrededor de 1.600.000 personas no encuestadas y con una dispersión comunal pronunciada. Además, la información recogida tiene dificultades de calidad, a causa de mecanismos impropios de imputación de los antecedentes y de falsificación de datos, en los casos de reemplazo de las no respuestas, que fueron empleados por el INE.

Los efectos negativos van más allá de recomendar no utilizar los resultados para las políticas sociales y tener que gastar más recursos humanos y financieros, si se decide repetir el censo. En efecto:
• Se tendrá que trabajar en muchas áreas sin indicadores. El Presidente Piñera no podrá ni siquiera calcular el ingreso per cápita al término de su gobierno, ni muchas estadísticas que usan a la población como denominador.

• La distribución regional y municipal de los recursos fiscales quedaría en suspenso.

• Uno de los antecedentes más esperados era el nuevo diseño muestral que se confiaba obtener de la iniciativa, indispensable para numerosos trabajos, especialmente aquellos basados en encuestas, incluso electorales y comerciales.

• Investigaciones en curso en variados campos del conocimiento que estaban a la espera de los resultados, para completar los datos y antecedentes.

Varios temas están pendientes. El más inmediato es la decisión que debe adoptar el gobierno sobre la recomendación de efectuar un nuevo censo abreviado y cuándo, ya que algunas voces, si bien minoritarias, han planteado que a pesar de sus imperfecciones, se pueden utilizar los datos ya recogidos para fines específicos. Sin embargo, esto último requeriría de un estudio en profundidad para establecer qué antecedentes son aprovechables y en cuáles condiciones.

Otro asunto que requiere atención es acelerar la discusión del proyecto de ley que “Crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional”, actualmente en el Parlamento que, aparte de mejorar las fallas actuales, permitiría restablecer la confianza internacional e interna cuestionada por este lamentable fracaso. Un aspecto central es el tipo de autonomía que requiere.